Pocas horas después de la publicación por diversos medios de comunicación catalanes, y de la afiliación y apoyo de diversas organizaciones públicas, aún continúa el revuelo generado por lo que aquel texto contenía.
No es para menos. Comienzan los exponentes criticando la labor del Tribunal Constitucional, denominándola peyorativamente como “cuarto poder”, síntoma de ignorancia o vil manipulación por su parte, pues las funciones del organismo son detenidamente descritas y refrendadas en la Constitución vigente. No creo necesario recordar que el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado Democrático, Social y de Derecho que es nuestro país, por lo que cuestionar la separación y control de poderes es cuanto menos, burdo. La existencia de este tribunal es una garantía plena de los ciudadanos para acotar y delimitar el posible comportamiento despótico de nuestros políticos.
En el editorial sin duda se atañe al viejo debate de la legitimidad legislativa y la legitimidad de las urnas. Al respecto diré que, aún siendo respetables los votos de los ciudadanos que refrendaron el Estatut de Catalunya en 2006, no lo son menos las leyes fundamentales del Estado, bases que generan nuestra actual democracia y Estado de Bienestar.
Se cuestiona la legalidad del propio tribunal en función del carácter temporal de algunos de ellos, obviando que esta situación está regulada y amparada por nuestras leyes y cayendo en el error de que mientras estos medios de comunicación critican la capacidad de los jueces de decidir sobre votaciones, ellos mismos lo hacen sobre instituciones refrendadas por los ciudadanos previamente. No obstante la responsabilidad sobre el retraso en la elección de nuevos miembros del tribunal recae exclusivamente en los partidos políticos, pues de ellos depende esta elección.
Los exponentes se atreven, como no podía ser de otra manera, a hacer una propia interpretación de las leyes, apelando a las nacionalidades ya sugeridas -pues no son explicitadas- en la vigente Constitucón. Cabe recordar que el mérito de estas nacionalidades fue el tener un estatuto propio durante la Segunda República, donde el Estatuto de Catalunya de 1932 por ejemplo definía a la hoy Comunidad Autónoma como “región aútonoma”. Estatuto por cierto que contó con el apoyo de ERC.
No olvidemos la adjetivación de retrógrados e “irreductibles” que se sugiere a aquellos que se opongan a la ampliación de competencias de Catalunya, y de su reconocimiento como nación. Curioso cuando en el mismo texto no se cita en ningún momento la negociación, acuerdo o consenso. La mera discrepancia del texto merece al individuo el recordartorio de dictaduras pasadas, como si nuestro país, el cual concede la mayor autonomía política y fiscal a sus regiones en el mundo, tuviera ya algo de centralista y opresor.
Por supuesto, como no podía ser menos, se cita el espíritu democrático de la Transición. Hubiera sido interesante la mención del Pacte del Tinell por el cual los partidos catalanes firmantes declaraban voluntariamente no acceder a pactos de gobierno con el Partido Popular, como si de un partido filo-terrorista se tratase. Obviedad que quizá tenga mucho que ver con el silencio de precisamente estos medios ante la corrupción latente en las administraciones catalanas y que sólo a través de medios no catalanes tienen cierta difusión. Por supuesto no sugiero que las ingentes subvenciones que reciben estas empresas desde la Generalitat tengan algo que ver.
Los ataques y presiones sobre los juristas no cesan en el editorial, al contemplarlo de forma negativa como interpretador de la vigente Constitución y delimitador de futuras leyes. Una vez más es de recibo recordar que cumple con su obligación y que para ello fue enconmendado, pasando por alto el detalle de que una ley nunca puede modificar a una misma superior. Es un principio básico del Estado de Derecho.
En el escrito se cae en el vicitimismo y el chantaje. Se habla de la preocupación en Catalunya sobre el Estatut y su desarrollo competencial, y se acusa a “España” de querer uniformizar sus regiones. Interesante habría sido citar alguna ley o iniciativa del Gobierno de la Nación en contra del uso del catalán, de la imposición del uso del castellano o de políticas en contra de la cultura catalana. Nada de eso parece haber ocurrido en estos años de democracia, pero no podemos decir lo mismo de los gobiernos autonómicos de ciertas regiones. Un estudio comparativo sobre la autonomía de las regiones en Europa y Norteamérica y el uso de lenguas sin alcance estatal habría rebelado a los exponentes la carencia de base para emplear estos victimismos.
Por supuesto se atreven a posicionarse como portavoces del “pueblo catalán” al advertir de que están vigilantes de su “dignidad” como pueblo. Cualquier vistazo sobre los estudios de opinión reflejan una preocupación sobre el paro, la crisis económica o el acceso a la vivienda. El mismo estatuto no contó con el apoyo expreso de ERC y sólo 1 de cada 3 catalanes votaron a favor. Lástima que estos problemas no sean lo suficientemente importantes para los redactores.
Sin duda todo este victimismo nacionalista no olvida su vieja tradición de pretender que con ellos hay que hacer una excepción. Se pretende que el Estado de Derecho dimita en ciertas funciones para que el Estatut no sea recortado, a la vez que se recuerda que no cuentan con las ventajas de “la capitalidad del Estado”.
Servidor siempre ha considerado que el paulatino declive de Barcelona y Catalunya en el contexto español durante estas décadas era sin duda una prueba de mala gestión e ineficacia de sus gestores, además de la acusación a “Madrid” de cada problema sucedido en la otrora conocida “Marca Hispánica”. En las últimas décadas hemos pasado de contar con la ciudad condal como principal referente cultural, social y económico del país, ha verse cada vez más desplazada por la capital del Reino.
Un mal pensante podrá decir que la culpa la tienen el centralismo y Madrid, pero curioso es cuanto menos que Barcelona sólo gozó de semejante privilegio durante el centralismo de décadas pasadas, y que la autonomía de su región no parece positiva para su desarrollo.
con dos cojones, sí señor! más gente como usted necesita este pais, y menos rajoys y pajines
ResponderSuprimirSólo dos puntualizaciones:
ResponderSuprimir1.El Tribunal Constitucional no se integra en el Poder Judicial. Es una institución del Estado que se halla por encima de los tres poderes para entre otras cosas, garantizar la separación entre ellas, siempre con arreglo a la Constitución. Se debería reformar la forma de designación de sus Magistrados que actualmente responde a la designación por órganos políticos en favor de criterios más objetivos y transparentes.
2.Las nacionalidades y actitudes nacionalistas responden a una España invertebrada y desorientada en lo que se refiere a conocimientos jurídicos e históricos. También a la sobrerepresentación que los partidos nacionalistas ostentan en el Congreso de los Diputados. Son partidos legítimos y democráticos, sí, pero deberían tener mayor presencia en el Senado, que como dice la Constitución, es la Cámara de representación territorial (y por supuesto modificar las funciones del Senado para darle más peso). Los derechos son para los ciudadanos, no para los territorios. Es por ello que abogo por la Reforma de la Ley Electoral.